Rocha, en la mira: la Intendencia rechaza los reparos de los arquitectos y defiende Las Garzas como sede del futuro aeropuerto internacional

El intendente Alejo Umpiérrez respondió punto por punto al informe de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que había cuestionado la localización elegida para la terminal aérea entre las lagunas de Rocha y Garzón. El cruce reabre el debate sobre ordenamiento territorial, inversión aeroportuaria y desarrollo turístico en la costa este.

Un proyecto que promete redefinir la conectividad aérea del este uruguayo volvió a quedar en el centro de la escena pública esta semana, luego de que el gobierno departamental de Rocha respondiera formalmente a las objeciones planteadas por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) sobre la ubicación elegida para el futuro aeropuerto internacional del departamento.

El intercambio, que combina tecnicismos del derecho urbanístico con una disputa de fondo sobre el modelo de desarrollo territorial de la costa rochense, tiene como protagonistas a dos actores de peso: por un lado, la Comisión Asesora de Urbanismo de la SAU, que elevó un informe crítico sobre el procedimiento elegido para habilitar el emprendimiento; por otro, la Intendencia de Rocha, que salió a desmontar cada uno de esos argumentos en una respuesta firmada por el propio intendente, Alejo Umpiérrez, y por el director general de Ordenamiento Territorial, Santiago Martínez.

El planteo de los arquitectos

Todo comenzó cuando la SAU tomó conocimiento de la puesta de manifiesto del Programa de Actuación Integrada (PAI) que habilitaría la construcción de una terminal aeroportuaria internacional en la intersección del camino El Caracol y la Ruta 10.

Tras un análisis de su Comisión Asesora de Urbanismo —en consulta con la Comisión Departamental de Rocha—, la institución remitió una nota a la comuna en la que, sin entrar a juzgar el proyecto en sí, cuestionó el marco normativo elegido para viabilizarlo.

El argumento central de los arquitectos fue que el Plan Local Lagunas Costeras asigna a esa franja del territorio un perfil de "Potencial Desarrollo Turístico", con predominio de usos residenciales y turístico-residenciales.

Levantar allí una infraestructura de la escala de un aeropuerto internacional, sostuvo la SAU, implicaría una alteración sustancial del modelo territorial vigente que debería tramitarse mediante la revisión integral del Plan Local y no a través de un simple Programa de Actuación Integrada, y en todo caso bajo la modalidad Complementaria y no la Abreviada.

El informe fue más allá y puso en discusión la propia elección del predio. Recordó que las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobadas en 2014 tras un proceso participativo y su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica, ya habían previsto una localización distinta: al sur de la Ruta 9, a unos 18 kilómetros al este de la ciudad de Rocha, en un punto equidistante entre las lagunas de Rocha y de Castillos.

Según los cálculos de la SAU, emplazar la terminal en el balneario Las Garzas —la alternativa hoy en carpeta— alejaría al aeropuerto de buena parte del circuito turístico departamental: unos 60 kilómetros de La Paloma, 90 de Cabo Polonio y 130 de Punta del Diablo.

Para la institución, una obra de esa envergadura no debería definirse por fuera de una mirada territorial integral, y cualquier apartamiento de lo previsto en las Directrices tendría que ser, como mínimo, compatible con los fundamentos que motivaron esa planificación.

La respuesta de la Intendencia: "no hay base legal" en varios de los señalamientos La contestación de la comuna, fechada el 14 de setiembre, no se guardó matices.

Tras agradecer el interés de la SAU y valorar la transparencia que supone este tipo de intercambios, el documento pasó rápidamente a marcar diferencias de fondo: sostuvo que varias de las afirmaciones del informe "parten de una interpretación que no se corresponde con el alcance que el ordenamiento jurídico atribuye a las disposiciones citadas" y que, en algunos pasajes, ni siquiera se trataría de una interpretación normativa sino de "consideraciones sin base legal".

El primer punto en discusión fue el uso del suelo. La Intendencia citó el artículo 11.2 del propio Plan Local Lagunas Costeras, que —según remarcó— acepta en general todos los usos del suelo en esa zona, con la sola excepción de industrias contaminantes, y estableció que un aeropuerto no encuadra en esa categoría: se trata, argumentó, de "una infraestructura logística al servicio del turismo", no de una industria, por lo que su instalación no resultaría incompatible con el perfil residencial del área.

Sobre la necesidad de revisar el Plan Local, la respuesta fue igual de tajante. Citó la Memoria de Ordenación del propio instrumento, que ya contemplaba en 2014 una "hipótesis de construcción de un aeropuerto en el entorno de la ciudad de Rocha" y sus efectos sobre el sistema circulatorio de las rutas 9 y 10.

Para la comuna, ese antecedente demuestra que la posibilidad de una terminal aérea en la zona ya estaba prevista al momento de aprobarse el Plan, con lo cual no se trataría de una modificación del modelo territorial sino de la aplicación de una herramienta —el PAI Abreviado— contemplada por la propia legislación vigente.

Los padrones 69.929 y 69.930, señaló la Intendencia, cuentan con el atributo de "potencialmente transformable" y cumplen con los parámetros de ocupación, densidad y aspectos ambientales que exige el Plan Local, además de presentar un factor de ocupación del suelo muy por debajo de los máximos admitidos por la normativa.

El otro gran cuestionamiento de la SAU —la localización fijada en las Directrices Departamentales de 2014— también fue rebatido. La Intendencia sostuvo que ese instrumento nunca fijó una ubicación concreta para un futuro aeropuerto como infraestructura autónoma, sino que se limitó a establecer, como aspiración, la integración del territorio al sistema aeronáutico nacional.

La supuesta localización "al sur de la Ruta 9, equidistante entre las lagunas de Rocha y Castillos" no figuraría, según la comuna, en ningún artículo de las Directrices, y la única mención a una terminal aérea en ese texto aparecería asociada a un eventual Puerto de Aguas Profundas que, remarcó la Intendencia, nunca se concretó ni está hoy en agenda.

Un desenlace abierto, con la puerta entornada al diálogo Más allá del cruce técnico, el texto firmado por Umpiérrez dejó una puerta abierta: recordó que los propios impulsores del proyecto —el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), junto con la empresa concesionaria— conservan la potestad de desistir del trámite actual y proponer una relocalización si así lo consideran conveniente.

La Intendencia se manifestó dispuesta a discutir esa posibilidad, aunque aclaró que la decisión técnica sobre aspectos aeronáuticos excede su competencia y corresponde al Ministerio de Defensa.

La respuesta también precisó que el cambio de categoría del suelo —el trámite hoy en discusión— es independiente del proceso de Autorización Ambiental Previa que deberá tramitarse ante el Ministerio de Ambiente, y que solo si esa instancia concluye de forma favorable podrá avanzarse con el permiso de construcción definitivo.

Lo que está en juego

Detrás del debate jurídico sobre planes locales y programas de actuación integrada hay una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo que se busca para el este del país.

Un aeropuerto internacional entre las lagunas de Rocha y Garzón implica inversión, conectividad y una potencial reconfiguración del mapa turístico departamental, pero también reabre preguntas sobre el rol de la planificación territorial de largo plazo frente a proyectos de gran escala impulsados desde el nivel nacional.

Por ahora, el proyecto sigue su curso administrativo con el respaldo de la Intendencia de Rocha, mientras la SAU ya adelantó su disposición a continuar el intercambio técnico sobre esta y otras iniciativas de ordenamiento territorial en la zona.

El desenlace —si la terminal finalmente se construye en Las Garzas o si el propio Ministerio de Defensa opta por reconsiderar su localización— quedará, según lo dicho por ambas partes, sujeto a nuevas instancias de diálogo y a los pasos que aún restan del proceso ambiental y urbanístico.