Uruguay duplicó su tasa de personas privadas de libertad en 22 años

El Ministerio del Interior presentó una nueva encuesta sobre la población carcelaria uruguaya que evidencia un fuerte crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad y expone dificultades vinculadas a la educación, el empleo y la rehabilitación. Según los datos divulgados, Uruguay pasó de 6.757 personas presas en 2003 a 16.570 en 2025.

En ese período, la tasa de prisionalización aumentó de 253 a 480 personas cada 100.000 habitantes. El informe señala que nueve de cada diez personas recluidas son hombres, con una edad promedio de 33 años, mientras que entre las mujeres el promedio es de 35 años. En materia educativa, más de la mitad abandonó sus estudios antes de los 15 años.

Además, tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico y tres de cada diez no completaron la escuela primaria. Respecto al empleo, casi el 88% trabajó alguna vez de forma remunerada y seis de cada diez tenían trabajo antes de ingresar a prisión. Actualmente, cuatro de cada diez estudian dentro de los establecimientos penitenciarios y menos de cuatro de cada diez trabajan.

La encuesta también revela que siete de cada diez personas privadas de libertad tienen hijos. Asimismo, una de cada cinco atravesó situaciones de calle y una de cada cuatro estuvo vinculada al sistema de responsabilidad penal adolescente.

En cuanto a sus entornos familiares y sociales, el 71% tiene personas cercanas que están presas o cuentan con antecedentes penales, mientras que el 22,7% tuvo durante su infancia o adolescencia algún familiar relacionado con el delito o la violencia. Sobre las condiciones de reclusión, seis de cada diez encuestados manifestaron sentirse seguros en prisión y el 10% declaró haber sufrido agresiones de otros internos.

Sin embargo, el Ministerio advierte que el 86% de quienes experimentaron estas situaciones no las denuncia, lo que dificulta conocer la dimensión real de la violencia.

Finalmente, el 75% considera que el Estado puede mejorar sus condiciones de rehabilitación. La principal demanda es el acceso al empleo, señalado por el 74% de los encuestados.